Hace unos días, Daniel Faura -Presidente del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, publicó un artículo en el suplemento Dinero de La Vanguardia, del que adjunto una copia escaneada.
El articulista, en un ejercicio pedagógico excelente, pone de manifiesto cuáles son las consideraciones relevantes en la decisión de privatizar algunos servicios públicos o empresas con presencia de las entidades públicas, ya sea en su propiedad o en su gestión: El traspaso de las responsabilidades últimas del servicio traspasado, la responsabilidad financiera derivada, entre otros.
Creo que tachar a las entidades públicas de ineficientes sin más, es una afirmación demasiado tajante sin argumentos sólidos que la sostengan. Deberíamos abogar por un análisis riguroso en cada situación en la que se plantea esta disyuntiva, para lo cual se necesitan datos e informaciones que permitan la toma de decisiones acertadas.
Me remito a una frase del autor hacia el final de su artículo, cuando afirma que "la finalidad última (de la decisión de privatizar, o no) debería ser la promoción del crecimiento económico del país a través de la reestructuración y organización de los servicios, aprovechando la experiencia de los agentes privados". Me permito añadir a esta afirmación lo siguiente: estableciendo la decisión con un objetivo de corto pero también de medio y largo plazo y aprovechando también la experiencia acumulada por gestores en la administración pública.
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